INTERNACIONAL
Por el mundo de las noticias
JORGE EDUARDO ACERO LOPEZ, S.J.
EL EPISCOPADO CHILENO ABOGA POR UN TRABAJO DIGNO Y JUSTO
La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) ha manifestado la necesidad de resolver por medio del diálogo los graves problemas de pobreza y precariedad laboral que padecen cerca de un millón de compatriotas, «un escándalo en un país que ha crecido tanto en los últimos años, que está siendo capaz de disminuir la pobreza, y que cuenta con recursos para construir una sociedad más justa y equitativa». En una declaración fechada el pasado 18 de julio en Santiago y firmada por el presidente y el secretario general de la CECh, Alejandro Goic y Cristian Contreras, la jerarquía católica denuncia que, a causa de la subcontratación –práctica extendida entre las grandes empresas-, «muchas veces el trabajo no se realiza en condiciones dignas y justas».
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Aunque reconocen el «avance significativo» que supone la ley aprobada recientemente en este campo, al «equiparar las condiciones de trabajo de quienes realizan una misma labor para una misma empresa», los obispos no olvidan que «el cambio de una realidad asentada durante largo tiempo suele generar tensiones y presionar hacia situaciones ex-tremas», en clara alusión a las pasadas movilizaciones y protestas, en ocasiones violentas.
«En este caso, como en otros, -advierten- la violencia es el síntoma de una situación de inequidad evidente que no ha sido resuelta por nuestra sociedad. Los trabajadores tienen el legítimo derecho de movilizarse a través de sus organizaciones representativas para reclamar lo que la ley les confiere y en justicia les pertenece. Pero nada justifica la violencia ni el atropello a los derechos de otras personas».
Bajo el título Desafíos de fondo en los recientes conflictos laborales, el Comité Permanente del Episcopado sostiene más adelante que los citados episodios de violencia son una prueba de la «insuficiente legislación» en lo que se refiere a la «negociación colectiva en régimen de subcontratación en el ámbito de la empresa», campo en el que invita a las partes implicadas a avanzar por el buen camino.
«El derecho a la negociación colectiva en términos efectivos –subraya el texto- es un derecho básico que el concierto internacional y la propia Iglesia reconocen a los trabajadores. Este reconocimiento no es completo si por una formalidad se impide al trabajador entenderse con quienes más directamente se benefician con el fruto de su esfuerzo». |
Llamamiento generalizado
Así las cosas, la declaración episcopal hace un llamamiento a empresarios y trabajadores, a las autoridades del Gobierno que preside Michelle Bachelet y a los legisladores, para que aborden estas situaciones, «con espíritu de concordia, procurando buscar el bienestar de quienes carecen de lo necesario para vivir». Y, recordando a san Alberto Hurtado y su demanda de justicia social, invita a «avanzar con rapidez y decisión hacia una dignidad del trabajo y el pleno respeto a los derechos básicos de los trabajadores».
El documento, presentado por el presidente de la CECh y obispo de Rancagua, insta a «dignificar la política, una noble actividad humana, basada en el respeto a todo ser humano», porque «necesitamos escucharnos y abrirnos a buscar soluciones que integren los distintos puntos de vista». «Sólo una síntesis plenamente humana –concluye aludiendo a las enseñanzas del santo jesuita- nos permite encontrar el verdadero sentido al trabajo».
CERCA DE NUEVE MILLONES DE ESPAÑOLES VIVEN EN LA POBREZA
Actualmente, 8,8 millones de personas en España viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 523 euros al mes. Esta cifra supone el 19% de la población residente y significa la ruptura de la barrera de los ocho millones, que permanecía prácticamente estable desde hace dos décadas. La llegada de miles de inmigrantes y el progresivo envejecimiento de la población son dos de los factores que influyen en esta nueva realidad.
El primer informe de Cruz Roja sobre Vulnerabilidad Social, presentado hace unos días en el madrileño Círculo de Bellas Artes, pone manifiesto que en España, considerada la octava potencia económica del mundo, crece la brecha de desigualdades. El trabajo, realizado sobre una muestra de 11.000 personas, señala que la exclusión afecta más a las mujeres que a los hombres, a los grupos de edad entre 25 y 49 años o mayores de 65 años, con familia, estudios primarios o secundarios, que están sin empleo o jubilados y son de origen español. De todas formas, un 38% de los pobres proceden de Latinoamérica, Europa del Este, el Norte de Africa y del Africa subsahariana. El estudio indica también que unas 86.000 familias están en una situación de pobreza severa, a pesar de que todas ellas perciben algún tipo de prestación social, y que los jóvenes menores de 25 años, ya suponen el 44% de los pobres en España.
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Cinco son los ámbitos que influyen en el riesgo de exclusión: económico, social, ambiental y de vivienda, familiar y personal. En el primero, el económico, destacan situaciones como no tener ingresos, tener una renta mínima (es el caso de muchas pensiones de viudedad) o una situación laboral precaria. Al estar excluidas del mercado de trabajo muchas personas recurren a actividades ilegales, lo cual pro-voca mayor vulnerabilidad.
La baja cualificación, la no comprensión del idioma y el fracaso escolar están detrás del ámbito social. Respecto al factor ambiental, influye la carencia de una vivienda o habitar en una precaria. Uno de cada tres pobres tiene un alojamiento temporal y el 8,8% (unas 790.000 personas) formaría parte de los llamados ‘sin techo’. En el ámbito familiar des-tacan situaciones de malos tratos, abusos sexuales y problemas de drogas o de cárcel, además de las cargas domésticas no compartidas en el caso de las mujeres.
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Respecto a las personales, influyen de manera especial las enfermedades o tener problemas derivados de la situación de extranjería.
Situación de los menores
El informe de Cruz Roja dedica un apartado a los menores, señalando que en su mayoría son españoles, independientemente del tramo de edad que se analice. Los cuatro factores de vulnerabilidad que más influyen en los niños y niñas son el fracaso escolar, la conflictividad familiar, el consumo ocasional de drogas y los problemas económicos de la familia. El 84% de los menores son españoles y el 16% restante procede de los países del Magreb, en su inmensa mayoría de Marruecos, y América Latina, especialmente de Ecuador.
El perfil del grupo en mayor riesgo social es: extranjero, principalmente hombres, jóvenes, sin hogar y sin recursos. Representa el 7% de la población en situación de vulnerabilidad. A este grupo le sigue el formado por españoles sin hogar, el de mujeres jóvenes y cualificadas que en la actualidad carecen de ingresos (un 42%), el de mujeres extranjeras jóvenes y cualificadas pero con problemas familiares y el de españolas pensionistas (un 13,5%).
Para el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, «el porcentaje de pobreza en España sería aún mayor si no hubiera ciertas prestaciones sociales». Los objetivos fundamentales del estudio son mejorar el conocimiento por parte de la sociedad de la situación actual de vulnerabilidad, sensibilizar a la opinión pública, a los responsables políticos, a las administraciones y a las entidades privadas, con el fin de fomentar un debate que lleve a la modificación de la forma de vida de las personas vulnerables y dependientes.
EN NOVIEMBRE, KOSOVO SERA INDEPENDIENTE
El jefe del Gobierno de Kosovo, Agim Ceku, ha declarado, después de reunirse con la secretaría de Estado de los EE.UU, Condoleezza Rice, que ha aceptado una moratoria de 120 días y que la independencia de esa provincia de Serbia (que perdió su autonomía en 1988 como consecuencia de la política nacionalista, del ex lider serbio Slobodan Milosevic) será proclamada a finales de noviembre. Los negociadores kosovares garantizaron al Gobierno estadounidense que no declararán la independencia de manera unilateral como amenazaban hacerlo en los últimos meses. «Hemos recibido claras garantías de la Administración del presidente Bush. Mostraremos paciencia y buena voluntad para establecer con el Gobierno de Belgrado relaciones normales, pero el resultado de las negociaciones en las que estamos debe ser, y será, la independencia de Kosovo, muy probablemente, el 28 de noviembre», dijo Ceku.
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La respuesta de Belgrado no se hizo esperar. Siguiendo firmemente el curso de su campaña de persuasión, el ministro de Asuntos Exteriores serbio, Vuk Jeremic, también llegó a Washington donde dijo que Serbia utilizará el periodo en cuestión para «ejercer presión con el fin de buscar una solución que a Kosovo le de un status menor al de la independencia». El ministro agregó que aumenta el número de países que creen en la necesidad de buscar una solución óptima y que es un error buscar una solución para el problema kosovar fuera del Concejo de Seguridad de la ONU.
Jeremic criticó lo dicho por varias fuentes guberna- |
mentales estadounidenses que sostienen que negar a los albanokosovares su derecho a la independencia puede crear nuevas erupciones de violencia por lo frustrados que están los albaneses, algo que no quieren.
No ceder a las amenazas
«La comunidad internacional no debería ceder ante las amenazas de violencia», agregó el ministro serbio. «La única solución posible al problema de Kosovo es a través de un compromiso», explicó Vuk Jeremic en una entrevista al periódico El País durante una reciente visita a Madrid, en el marco de una gira que le ha llevado a varias capitales de la Unión Europea (UE). «Una solución impuesta o unilateral en Kosovo podría provocar un nuevo estallido de los Balcanes», agregó.
Moscú continúa amenazando con que vetará en el Consejo de Seguridad cualquier plan que prevea la independencia de la provincia serbia de mayoría albanesa, mientras que el actual Gobierno de Belgrado de unidad, que reúne un espectro político que va desde la izquierda a la derecha nacionalista, mantiene su posición que podría ser resumida de la siguiente manera: «Más autonomía y menos independencia».
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